En un fallo histórico, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal más alto de las Naciones Unidas, declaró que todos los países están legalmente obligados bajo el derecho internacional a tomar medidas contra el cambio climático. La corte encontró que la falta de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección del medio ambiente podrían llevar a responsabilidad legal, incluyendo reparaciones para las naciones afectadas por los impactos del clima. Esta opinión consultiva marca la primera vez que la CIJ aborda la crisis climática, afirmando que un ambiente saludable es un derecho humano y que la inacción climática puede violar el derecho internacional. La decisión empodera a las naciones vulnerables, especialmente a los pequeños estados insulares, a buscar responsabilidad y compensación de los principales contaminadores. Aunque el fallo no es directamente ejecutable, establece un poderoso precedente legal y aumenta la presión sobre los países ricos y de altas emisiones para cumplir con sus compromisos climáticos.
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